La última medición del Latinobarómetro del año 2020 arrojo cifras preocupantes respecto a la confianza de la ciudadanía con el sector justicia de América Latina.
La última medición del Latinobarómetro del año 2020 arroja cifras preocupantes: “América Latina muestra escepticismo respecto del poder judicial. Desde 1995 el poder judicial no alcanza los cuarenta puntos porcentuales de confianza y fluctúa entre un máximo del 37% en 2006 y un mínimo del 23% en 2003. En 2020 alcanza un 25%. La debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos más débiles de sus democracias.”
Parte de esta desconfianza tiene entre sus causas la lejanía que los operadores y operadores judiciales muestran de la ciudadanía y sus principales problemas, así como de de casos frecuentes de corrupción. Para muchas personas, la justicia es principalmente percibida como una institución poco receptiva de las demandas ciudadanas, en particular cuando se trata de comunidades vulnerabilizadas, contrario a lo que entienden que sucede con quienes detentan situaciones de mayor poder o privilegio.
Mayores canales de participación permitirían reducir ampliamente estas brechas y devolverle a la justicia un diálogo institucional y social del que no puede prescindir para el adecuado desempeño de sus funciones. La creación de mayores canales de participación permitiría a su vez que la ciudadanía derribe prejuicios propios y se involucre de forma directa en la labor de las y los operadores que trabajan a diario por una justicia abierta.
Los Poderes Judiciales de América Latina han mostrado en general déficits muy marcados en la garantía de acceso a la justicia de sus poblaciones. El Poder Judicial y las oficinas públicas resultan muchas veces inaccesibles, lejanas territorialmente, lo que implican costos de desplazamiento que restringen el inicio o el sostenimiento de un proceso.
A su vez, no está garantizada la asistencia legal en todas las instancias y fueros, y los dispositivos existentes no siempre responden a las necesidades jurídicas y demandas de la ciudadanía. Paralelamente, gran parte de la población desconoce sus derechos y los mecanismos disponibles para la resolución de conflictos, lo cual se agudiza por la baja existencia de mecanismos de participación política y social respecto del diseño de las políticas públicas que deben implementar los distintos poderes del Estado en materia de acceso a la justicia.
Además, es una noción que ha ido adquiriendo cada vez más importancia en el esquema internacional, por lo que Red Ciudadana considera fundamental difundirlo más en Guatemala y capacitar a ciudadanos sobre la importancia de conocer e implementar la Justicia Abierta en el país. Por lo cual, Red Ciudadana preparó un proceso de formación virtual, el cual se profundizarán en los elementos clave del Gobierno Abierto y la Justicia Abierta, como son: principios y el desarrollo que estos ha tenido en Guatemala.
El proceso de formación de Justicia Abierta profundizará sobre la aplicación de una filosofía de estado abierto en las instituciones del sector justicia. La referida filosofía se traduce en la implementación de un conjunto de mecanismos y estrategias que componen un paradigma de gobernanza pública para la justicia, basado en los principios de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación y colaboración e innovación y uso de nuevas tecnologías.
Si tiene interés en saber más sobre la importancia de Justicia Abierta, no dude en inscribirse y se parte de este proceso de formación, en el cual podrá aprender de la mano de expertos internacionales, y así fortalecer sus capacidades técnicas en la materia de Justicia Abierta. Más información acá.
Fechas Importantes:
- Fecha límite de inscripción: 21 de Octubre 2022
- Resultados de aplicación: 22 de Octubre 2022
- Fecha de curso: 26 de Octubre al 10 de Noviembre de 2022
