En busca de la legitimidad perdida en el sector justicia


La última medición del Latinobarómetro del año 2020 arrojo cifras preocupantes respecto a la confianza de la ciudadanía con el sector justicia de América Latina.
Autor: Julio Herrera | info@redciudadana.org.gt | 20/09/2022

La última medición del Latinobarómetro del año 2020 arroja cifras preocupantes: “América Latina muestra escepticismo respecto del poder judicial, como se observa en estas cifras. El poder judicial desde 1995 no alcanza nunca cuarenta puntos porcentuales de confianza y fluctúa entre un máximo del 37% en 2006 y un mínimo del 23% en 2003. En 2020 alcanza un 25%. La debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos más débiles de sus democracias.”

Parte de esta desconfianza tiene entre sus causas la lejanía que los operadores y operadores judiciales muestran de la ciudadanía y sus principales problemas, así como de de casos frecuentes de corrupción. Para muchas personas, la justicia es principalmente percibida como una institución poco receptiva de las demandas ciudadanas, en particular cuando se trata de comunidades vulnerabilizadas, contrario a lo que entienden que sucede con quienes detentan situaciones de mayor poder o privilegio.

Mayores canales de participación permitirían reducir ampliamente estas brechas y devolverle a la justicia un diálogo institucional y social del que no puede prescindir para el adecuado desempeño de sus funciones. La creación de mayores canales de participación permitiría a su vez que la ciudadanía derribe prejuicios propios y se involucre de forma directa en la labor de las y los operadores que trabajan a diario por una justicia abierta.

Los Poderes Judiciales de América Latina han mostrado en general déficits muy marcados en la garantía de acceso a la justicia de sus poblaciones. El Poder Judicial y las oficinas públicas resultan muchas veces inaccesibles, lejanas territorialmente, lo que implican costos de desplazamiento que restringen el inicio o el sostenimiento de un proceso. A su vez, no está garantizada la asistencia legal en todas las instancias y fueros, y los dispositivos existentes no siempre responden a las necesidades jurídicas y demandas de la ciudadanía. Paralelamente, gran parte de la población desconoce sus derechos y los mecanismos disponibles para la resolución de conflictos, lo cual se agudiza por la baja existencia de mecanismos de participación política y social respecto del diseño de las políticas públicas que deben implementar los distintos poderes del Estado en materia de acceso a la justicia.

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 De acuerdo con el Monitor de Seguimiento del espacio cívico de CIVICUS (2020),en Latinoamérica se ha reducido el espacio en 22 de 32 países; siendo obstruido y cerrado en 8 de ellos.

¿Cómo devolvemos el poder a la ciudadanía para que estén al centro de las políticas públicas?

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