Incertidumbre y contradicciones en las comisiones de postulación

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La reactivación de las comisiones de postulación estuvo rodeado de mucha incertidumbre y contradicciones. Por una parte la reformulación de los tiempos y la ausencia hasta ahora de la fijación de los plazos firmes para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Es entonces que este comienzo del ajetreado camino hacia la elección de las nuevas cortes de nuestro país está condicionado por los sucesos que se realizan en dos campos distintos: en el trabajo del Consejo de la Carrera Judicial y el hecho en cada una de las comisiones de postulación. Así como por la intermediación del vasto contenido programático de las sentencias y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Es esta dinámica particular y triangular la que resuelve este complicado proceso de elección.

En primer término, el reinicio del trabajo de las comisiones de postulación se encontraba previsto por la terminación del plazo fijado en la sentencia de amparo de la Corte de Constitucionalidad y las respuestas del Consejo de la Carrera Judicial a raíz de las solicitudes formuladas por ambas comisiones por la incertidumbre y complejidad que rodea este devenir. Dicha parte resolutiva establece que el Consejo de la Carrera Judicial debía realizarse en un límite máximo de 30 días. Período judicial que concluía el pasado lunes 6 de enero. De tal cuenta que dicho Consejo, su unidad de evaluación, remitió un informe que contenía el listado general de jueces y magistrados evaluados con sus respectivos resultados. Oficios que fueron recibidos el 4 de enero por parte de la comisión de CSJ y el 6 de enero por la comisión de CA; encontrándose dentro del plazo judicial establecido.

Sin embargo, ante la incertidumbre que provocó el hecho de que los oficios no acompañaban la copia certificada y digital de los expedientes de jueces y magistrados evaluados, se remitió por parte de ambas comisiones, una solicitud para que el Consejo aclarara estos extremos, con el fin de fijar el inicio del plazo de los 20 días fijados por la CC para realizar el proceso de selección de aspirantes en ambas postuladoras. La respuesta del Consejo fue la de enviar un nuevo oficio en el que reconocía que el informe y las listas enviadas como listas de carácter provisional y que las nóminas y demás documentos exigidos en las sentencia de la Corte de Constitucionalidad, aún no se habían remitido por no estar firmes los resultado de las evaluaciones realizadas. 

Con ello se apertura un punto de tensión y debate entre el Consejo y las comisiones que resultan en el planteamiento de la ejecutoria de la resolución de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. De esta manera ambas comisiones al mismo tiempo que emplazaron al Consejo para que entregar la nómina y los expedientes en el estado en que se encontraran,  plantearon la ejecutoria por el incumplimiento por parte del Consejo en la entrega de las nóminas y expedientes finales. Por su parte, el Consejo responde con el planteamiento de una ejecutoria propia ante la Corte de Constitucionalidad solicitando que se emita una medida para que se conmine a ambas comisiones a que se reserven el derecho de solicitar las nóminas finales, las copias certificadas y digitales de los expedientes. De nuevo, la decisión sustancial la tien la Corte de Constitucionalidad para que de alguna manera avance el proceder del proceso de postulación. 

Ante todo ello, en esta primera semana de sesiones hubieron varias decisiones adoptadas. Entre las más importantes, se encuentran aquellas que se tomaron para dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. En síntesis: a) la disposición que se refiere al ajuste de las tablas de gradación aprobadas «ambas comisiones deberán revisar las tablas de gradación aprobadas para ajustarlas a lo resuelto en autos, con el objeto de respetar el derecho de los aspirantes que integran la carrera judicial, efectuando la revisión de la ponderación de los que formen parte de ese sistema»; y b) lo resuelto sobre la calificación de requisitos formales de los integrantes de la carrera judicial «es nulo todo rechazo a expedientes de los miembros que integran la carrera judicial».

Para dar cumplimiento a lo ordenado, la postuladora de CSJ resolvió, en cuanto a la inclusión o exclusión de la revisión de requisitos formales a las y los aspirantes que forman parte del sistema de carrera judicial ajuste de la tabla de gradación, «que se haga la revisión de todos los expedientes, si hay miembros de la carrera judicial que obvian requisitos que son necesarios para el ejercicio de la judicatura y la magistratura, estarán exentos de la calificación de requisitos formales, si son ya requisitos que cumplen por estar dentro de la carrera judicial; si se obviaron requisitos, se presentarán al pleno todos los casos para su conocimiento y resolución». En relación a la tabla de gradación, el único acuerdo a que se llegó es a que solamente se ajustará el tópico de méritos profesionales y únicamente para el caso de aspirantes del estrato de la carrera judicial. Dicho tópico se ponderarán de 0 a 10 puntos; pero aún no se ha definido la calificaciones porcentuales.

Por su parte, la postuladora a CA resolvió el reajuste de la tabla de gradación mediante la adopción de un modelo porcentual en un margen de 7 a 10 puntos en el tópico de méritos profesionales. A los aspirantes del estrato de la carrera judicial, dicho puntaje se asignará según la evaluación de su desempeño como juez o magistrado realizada por el Consejo de la Carrera Judicial. Para el estrato de los abogados en el ejercicio de la profesión liberal, se calificará sobre la base de su experiencia en la administración pública. 

Referente a la exclusión/inclusión de la revisión de requisitos formales a aspirantes que se desempeñan en el sistema de carrera judicial, la postuladora de CA -dado que en su caso particular solamente se anuló proceso desde la calificación en la tabla de gradación- resolvió reintegrar a los aspirantes parte del estrato de la carrera judicial al proceso de postulación. De esta cuenta se aprobó la publicación de sus nombres el día jueves 9 de enero con el objeto que sean sometidos a la fase de auditoría social mediante la presentación de impedimentos por la sociedad civil. Dicha fase quedó agotada los días viernes 10 y sábado 11 de enero. Con estos avances e incertidumbre se reactiva el trabajo de las comisiones de postulación.      

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